En el BOE del 29 de septiembre de 2022 se hace pública la Ley 18/2022 la conocida como Ley Crea y Crece, en la cual se establece la obligatoriedad de la facturación electrónica por parte de los empresarios y profesionales, en aras de digitalizar y modernizar a las empresas y a su vez luchar contra la morosidad existente en las operaciones comerciales.
Inicialmente, esta obligatoriedad de facturación sólo se establecía para las operaciones B2B (business-to-business); pero la nueva norma dispone estas obligaciones para empresas prestadoras de servicios al público en general.
Son aquellas que con un volumen de facturación superior a 6.010.121,04€ (grandes empresas en términos de la AEAT) o con una plantilla superior a los 100 empleados, operen en determinados sectores.
Están exentas de dicha obligación las agencias de viaje, los servicios de transporte o las actividades al por menor.
La nueva Ley no recoge modificación ni excepción laguna con respecto a las empresas sometidas al Suministro Inmediato de Información (SII)
Las sanciones se basarán en los criterios de la Ley 6/2020 artículo 19.2.
Aquellas sociedades, estando obligadas, que no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir o descargar las facturas electrónicas, podrán ser sancionadas con multas de hasta 10.000€
La Ley Crea y Crece entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, con la siguiente excepción:
El apartado relativo a la facturación electrónica entrará en vigor tras la aprobación su reglamento (aproximadamente 6 meses)
A expensas de la publicación del desarrollo reglamentario para la implantación de la facturación electrónica; los plazos apuntan a que la adaptación por parte de las empresas implantando nuevos softwares o mejoras en los actuales se pueda realizar con suficiente antelación.
A priori, esta nueva Ley no tiene una finalidad fiscal, más allá de la lucha contra la morosidad pudiendo ejercer un mayor control sobre los períodos de pago y evitar las demoras. El cumplimiento de plazos de los pagos pasará a ser uno de los criterios de acceso para subvenciones públicas así como un refuerzo para la contratación pública para garantizar los pagos en plazo a los subcontratistas de los adjudicatarios.
El equipo de Abogados y Consultores queda su disposición para la aclaración de cualquier duda relativa al cumplimiento e implantación del sistema de facturación electrónica a que ha hecho referencia.
Leticia Gilda Golpe, departamento fiscal Abogados y Consultores
MENÚ