El Congreso de los diputados ha aprobado la derogación del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. En este Real Decreto-ley, se incluía la extensión de moratoria que permitía, desde 2020, suspender los lanzamientos de colectivos vulnerables. A falta de aclarar si el Gobierno dictará un nuevo Real Decreto-ley para esta cuestión, la derogación de la medida tiene dos efectos inmediatos para los propietarios que hubieran visto suspendidos los lanzamientos por este motivo:
- Solicitar el levantamiento de la suspensión en el procedimiento judicial. El levantamiento de la suspensión no será automático, ya que, de conformidad con las medidas adoptadas por la Ley 12/2023, sobre el Derecho a la Vivienda, será necesario dar un nuevo plazo máximo de espera (2 meses en general y 4 meses para grandes tenedores). Transcurrido dicho plazo sin que los Servicios Sociales hayan ofrecido una alternativa habitacional, el lanzamiento será ejecutable.
- Solicitar una compensación económica equivalente a los ingresos dejados de percibir, Los propietarios y arrendadores afectados por la suspensión de desahucios (prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026) tienen derecho a solicitar una compensación económica si el inquilino es vulnerable y la Administración no ha ofrecido una alternativa habitacional.
- Responsabilidad patrimonial de la administración. En el caso de que los arrendadores y propietarios afectados por la suspensión del lanzamiento de ocupantes en situación de vulnerabilidad entendieran que la compensación concedida en virtud de este mecanismo resulta insuficiente, cabría valorar el recurso al régimen de responsabilidad patrimonial
de la Administración.
__________________________________________________________________________________________________
Abogados y Consultores
