El Tribunal Supremo a través de las Sentencias 260/2026, 261/2026 y 264/2026, de 18 de febrero, ha establecido una doctrina que puede resumirse en los siguientes puntos:
- El Tribunal Supremo rechaza que la mera existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad implique, por sí sola, la denegación automática del acceso a la exoneración. Se acabó el “no” automático: la derivación ya no puede ser un veto por defecto, salvo causa equiparable a conducta fraudulenta merecedora de sanción por infracción muy grave.
- El Tribunal Supremo fija una interpretación decisiva sobre el alcance del artículo 489.1. 5.º TRLC, relativo a la exoneración del crédito público y concluye que esta exclusión está debidamente justificada en el ordenamiento español, se extiende a todos los créditos públicos —con la excepción de los subordinados— y debe aplicarse de forma individualizada respecto de cada acreedor público. La doctrina puede resumirse en los siguientes puntos: a) La parte no exonerable del crédito público debe incluirse en el plan de pagos; b) El plan de pagos debe ser realista y ajustado a la capacidad del deudor; c) La Administración Pública no puede vetar un plan de pagos realista.
El Tribunal Supremo aclara que, si el plan de pagos propuesto por el deudor cumple con los requisitos legales (es decir, destina todos sus recursos disponibles por encima del mínimo legal al pago), las Administraciones Públicas acreedoras no pueden oponerse a la aprobación de la exoneración provisional simplemente porque dicho plan no vaya a cubrir la totalidad de su crédito no exonerado en el plazo de 3 o 5 años. El Tribunal Supremo obliga a la Administración a aceptar la realidad económica del deudor y si ha cumplido religiosamente el plan, obtendrá la exoneración definitiva del resto.
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